Mesa redonda a 50 años del golpe de estado

A 50 años del golpe de Estado: represión, cultura y memorias en debate

En el marco de las actividades de reflexión a cincuenta años del golpe de Estado de 1976, el pasado miércoles 25 de marzo se realizó en el Aula 24 de la Facultad de Humanidades una mesa redonda organizada por el INHUS, el Centro de Estudios Sociales y Políticos (CESP) y el Centro de Estudios Históricos (CEHIS). La actividad fue coordinada por nuestro director Federico Lorenc Valcarce.


La actividad reunió a Ivonne Barragán, Estefanía Di Meglio, Micaela Iturralde y Enrique Andriotti Romanin, todos investigadores del INHUS, quienes abordaron desde perspectivas complementarias distintas dimensiones de la última dictadura militar argentina. El panel recuperó investigaciones desarrolladas en el ámbito del instituto y expresó, al mismo tiempo, la pluralidad de disciplinas que allí convergen en torno a un objeto común. En este sentido, la mesa se propuso contribuir al análisis del pasado reciente desde la producción de conocimiento y la comprensión, tareas específicas de la investigación en ciencias sociales y humanidades.

La intervención de Ivonne Barragán se estructuró en torno a un doble movimiento: por un lado, la reconstrucción de los consensos historiográficos sobre el carácter del plan represivo perpetrado por la dictadura y, por otro, el análisis de sus efectos sobre el mundo del trabajo. En este sentido, caracterizó a la dictadura como un dispositivo de represión masiva y sistemática, con rasgos inéditos respecto de experiencias previas, apoyado en marcos doctrinarios como la Doctrina de Seguridad Nacional y en un proceso de militarización del orden interno que se había intensificado desde 1975. Sobre esa base, su exposición subrayó que la represión formó parte de un proyecto orientado a modificar profundamente las relaciones sociales y económicas consolidadas en las décadas centrales del siglo XX. Ese orden, ligado al proceso de industrialización por sustitución de importaciones, había otorgado a la clase trabajadora un lugar central en la sociedad argentina. Desde esta perspectiva, la represión sobre el mundo del trabajo —detenciones masivas en establecimientos industriales, persecución de delegados y activistas, despidos, intervención de sindicatos y colaboración empresarial en los dispositivos represivos— aparece estrechamente articulada con un conjunto de transformaciones estructurales, entre ellas la caída salarial, la suspensión de las paritarias, la fragmentación del mercado laboral y el debilitamiento de las capacidades de organización colectiva. Finalmente, Barragán propuso un desplazamiento interpretativo hacia el presente, señalando la persistencia de esos legados en las configuraciones actuales del trabajo y en los debates contemporáneos sobre la reforma laboral.

Por su parte, Micaela Iturralde abordó el funcionamiento de la esfera pública durante la dictadura. Su intervención propuso desplazar la pregunta desde aquello que no se dijo hacia las condiciones históricas en las que la palabra pública fue reorganizada, regulada y disputada. En este sentido, sostuvo que la dictadura no anuló la esfera pública, sino que la reconfiguró en términos autoritarios: jerarquizó voces, excluyó actores, impuso marcos interpretativos y definió los límites de lo decible. A partir del análisis de la prensa como actor político, mostró cómo los medios no solo registraron los acontecimientos, sino que intervinieron activamente en la producción de sentidos, contribuyendo tanto a la construcción de legitimidad del régimen como, en determinadas coyunturas, a la emergencia de discursos críticos. Asimismo, destacó que la comunicación no fue un aspecto secundario del terrorismo de Estado, sino una dimensión constitutiva del mismo, en tanto la violencia fue simultáneamente ejercida y procesada a través de operaciones discursivas que la hacían inteligible en términos de la “lucha antisubversiva”. Finalmente, su exposición subrayó la importancia de atender a los límites semánticos impuestos por el régimen —en particular en torno a la desaparición forzada— y a las transformaciones de la esfera pública en sus distintas temporalidades y escalas.

En una línea convergente, Estefanía Di Meglio abordó las dinámicas del campo cultural durante la dictadura, cuestionando la extendida idea de un “desierto cultural” en esos años. Su exposición mostró que, aun en un contexto marcado por la censura, la persecución y la fragmentación del campo intelectual, se desarrollaron múltiples formas de resistencia cultural. En este sentido, recuperó experiencias como la llamada “universidad de las catacumbas”, las revistas culturales, la literatura y los talleres literarios, que funcionaron como espacios alternativos de producción, circulación y debate. Estas prácticas, muchas veces desarrolladas en condiciones precarias o semi clandestinas, no solo permitieron sostener la actividad intelectual en el corto plazo, sino que también tuvieron efectos duraderos, proyectándose en la reconstrucción del campo cultural en la posdictadura. De este modo, la intervención puso en evidencia que la cultura operó, en ese contexto, como un espacio de resistencia y de sobrevivencia frente a los dispositivos del poder autoritario.

Finalmente, Enrique Andriotti Romanin centró su intervención en las luchas por la memoria del terrorismo de Estado en la Argentina democrática, recuperando debates clásicos y desarrollos recientes del campo. En particular, discutió la tesis de que el Nunca Más fue la cristalización de la primacía de la ley sobre la fuerza en la transición democrática. A partir de allí, su exposición se orientó a reconstruir las distintas modalidades de vinculación entre el movimiento de derechos humanos y el Estado, desde la confrontación inicial hasta procesos de institucionalización en el siglo XXI. Destacó que las memorias sociales no constituyen un consenso estabilizado, sino el resultado de luchas políticas entre actores que disputan el sentido del pasado en distintos escenarios, entre ellos el judicial, donde se producen narrativas con pretensión de verdad que inciden en la configuración de marcos interpretativos más amplios. En este sentido, señaló que los procesos judiciales inaugurados en 1985 —y sus desarrollos posteriores hasta el presente— no solo permitieron juzgar crímenes, sino también consolidar ciertas formas de comprender el pasado dictatorial y contribuir a la construcción de una cultura democrática en la Argentina, en la que la demanda de verdad y justicia, enarbolada por los organismos de derechos humanos, se constituyó en un componente central.

En conjunto, la mesa ofreció una mirada articulada sobre la dictadura argentina que, lejos de clausurar el pasado, lo reinscribe como un problema de conocimiento, de debate público y de interrogación permanente para las ciencias sociales y las humanidades.